Culiacán, Sinaloa.- El Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense (PAS) votó a favor del dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Atención y Protección a Víctimas y de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, con el objetivo de exentar del pago por servicios de guarda, depósito, pensión de tránsito, arrastre y traslado a las personas cuyos vehículos hayan sido robados y posteriormente recuperados.

Durante la sesión del Congreso del Estado, las y los legisladores destacaron que esta medida representa un acto de justicia para quienes ya han sufrido afectaciones económicas y emocionales derivadas de este delito.

La diputada Angélica Díaz Quiñónez señaló que el robo de vehículos es uno de los delitos que más impactan a las familias sinaloenses, no solo por las pérdidas materiales que genera, sino también por las consecuencias psicológicas y emocionales que provoca, especialmente cuando se comete con violencia.

La legisladora explicó que, hasta ahora, muchas personas afectadas debían cubrir gastos relacionados con el resguardo y traslado de sus unidades recuperadas, situación que representaba una forma de revictimización al imponerles costos derivados de un delito del que fueron víctimas.

“Las víctimas de un delito no tienen por qué cargar con el costo de un hecho que ellas no provocaron. Esta reforma corrige una injusticia que nunca debió existir y fortalece el derecho de las personas a recibir justicia sin obstáculos adicionales”, expresó durante su posicionamiento.

Asimismo, se destacó que el dictamen incorpora propuestas impulsadas por diversos actores, incluidos grupos parlamentarios y ciudadanos, reflejando un esfuerzo plural para fortalecer la protección de los derechos de las víctimas.

El Grupo Parlamentario del PAS, integrado por la diputada Angélica Díaz Quiñónez y el diputado Víctor Antonio Corrales Burgueño, reiteró su compromiso de seguir promoviendo iniciativas que fortalezcan los derechos humanos, eliminen prácticas de exclusión y eviten cualquier forma de revictimización.

Con la aprobación de esta reforma, el Congreso del Estado de Sinaloa avanza en la construcción de un marco legal más justo y sensible a las necesidades de las personas afectadas por la delincuencia, garantizando un mayor acceso a la justicia y la protección de su patrimonio.