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La diputada Paola Gárate cuestionó la disminución del número de peritos y los recursos destinados a la institución frente a la situación de seguridad que enfrenta el estado.
Culiacán, Sinaloa.- La diputada Paola Gárate advirtió que Sinaloa enfrenta, además de la crisis de seguridad, un problema de capacidad institucional para investigar delitos y atender los procesos de procuración de justicia.
La legisladora señaló que el rezago en los servicios periciales de la Fiscalía General del Estado pasó de aproximadamente 6 mil 300 solicitudes pendientes en 2023 a más de 26 mil en 2025, un incremento que, de acuerdo con las cifras que presentó, supera el 300 por ciento.
Gárate también señaló que durante ese periodo disminuyó el número de peritos, al pasar de 228 en 2024 a 217 en 2025, mientras aumentaron las solicitudes pendientes de atención.
“Detrás de cada dictamen que se retrasa puede haber una víctima esperando que su caso avance. Una carpeta inmóvil no es un número: detrás hay una persona y una familia esperando justicia”, manifestó.
La diputada también cuestionó la capacidad de inteligencia y análisis criminal de la institución. Según las cifras que citó, durante 2025 solamente había cinco personas adscritas a esa área, cantidad que consideró insuficiente para enfrentar la complejidad de los delitos y de las organizaciones criminales que operan en el estado.
Gárate aclaró que sus señalamientos no están dirigidos contra el personal que trabaja en la Fiscalía, sino hacia las capacidades institucionales, los recursos y las herramientas disponibles para atender la problemática.
La legisladora también puso en duda que los recursos destinados a la Fiscalía correspondan con la dimensión de la crisis de seguridad que enfrenta Sinaloa.
De acuerdo con los datos que presentó, en 2024 el gasto de la Fiscalía equivalió aproximadamente a 282 pesos por habitante en Sinaloa, mientras que en Sonora fue de 712 pesos, en Chihuahua de 821 y en Quintana Roo de 872 pesos.
Ante este escenario, planteó que el Congreso del Estado revise si el presupuesto asignado a la Fiscalía es suficiente para atender las necesidades de procuración de justicia.
“La seguridad no termina con una detención. Hay justicia cuando se investiga, se procesa la evidencia, se lleva a los responsables ante un juez y las víctimas reciben respuestas”, afirmó.
Gárate también señaló que existe una dimensión federal en algunos de los casos de mayor relevancia para Sinaloa y pidió que la Fiscalía General de la República informe sobre los asuntos que permanecen bajo su responsabilidad.
Entre los casos mencionados se encuentra el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda.
Como parte de su planteamiento, la diputada propuso un programa extraordinario para fortalecer los servicios periciales, la Policía de Investigación, los ministerios públicos y las áreas de inteligencia criminal.
También planteó establecer una estrategia para reducir las más de 26 mil solicitudes periciales pendientes, acompañada de metas trimestrales públicas y verificables.
Entre sus propuestas incluyó además publicar indicadores sobre investigaciones sin actuación, peritajes pendientes, tiempos de respuesta y órdenes judiciales pendientes de ejecutar.
Finalmente, propuso que el Congreso revise el presupuesto de la Fiscalía y que la Fiscalía General de la República informe sobre los casos de especial trascendencia para Sinaloa que permanecen bajo su responsabilidad.
“No queremos más presupuesto para administrar el mismo rezago. Queremos recursos suficientes, personal especializado, controles, metas y resultados”, enfatizó Gárate.
