Topolobampo, Sinaloa.- La quinta Mesa de Diálogo sobre el proyecto de la planta de amoniaco en Topolobampo concluyó con una serie de propuestas orientadas a fortalecer la protección ambiental, la participación ciudadana y la supervisión permanente del cumplimiento de las obligaciones ambientales del proyecto.

Durante la sesión, dedicada al análisis de las autorizaciones ambientales, participaron representantes del Gobierno de México, del Gobierno del Estado, especialistas, integrantes de comunidades, organizaciones sociales y representantes de la empresa, quienes intercambiaron información técnica, jurídica y ambiental relacionada con el desarrollo del proyecto.

Uno de los principales acuerdos planteados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) fue la creación de un comité de vigilancia ambiental integrado por autoridades, instituciones académicas y representantes de las comunidades, con el propósito de supervisar de manera permanente el cumplimiento de las medidas de prevención, mitigación, compensación y restauración ambiental.

Asimismo, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) explicó el procedimiento mediante el cual fue evaluado el proyecto y precisó que la resolución judicial relacionada con la consulta indígena ordenó reponer dicho procedimiento, pero no realizar una nueva evaluación de impacto ambiental.

Entre las propuestas presentadas también destaca la elaboración de un nuevo estudio de línea base ambiental para el sistema lagunar de Ohuira, construido con la participación de instituciones académicas, comunidades pesqueras y del pueblo Mayo-Yoreme, con el objetivo de generar información científica accesible y transparente para la sociedad.

Por su parte, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) propuso desarrollar un plan integral de saneamiento de la Bahía y la Laguna de Ohuira, sustentado en un diagnóstico conjunto con las comunidades, la supervisión de las descargas industriales y un sistema de monitoreo ambiental permanente, que combine verificaciones manuales con tecnología automatizada capaz de generar información en tiempo real mediante alertas tempranas.

La Semarnat también advirtió que cualquier nuevo proyecto industrial que se pretenda desarrollar en la zona deberá evaluarse de manera integral, considerando los efectos acumulativos sobre el ecosistema y no únicamente el impacto individual de cada instalación. En caso de presentarse nuevas solicitudes por parte del mismo grupo empresarial, estas deberán analizarse de manera conjunta mediante una nueva Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).

Durante la mesa, representantes de organizaciones sociales expusieron inquietudes relacionadas con la protección del sitio Ramsar, la consulta a las comunidades indígenas, la gestión del riesgo, los mecanismos de respuesta ante emergencias y la preservación del patrimonio biocultural del pueblo Mayo-Yoreme.

Como conclusión, el Gobierno de México señaló que el proceso de diálogo ha permitido fortalecer la transparencia y generar condiciones para que las decisiones públicas se sustenten en la evidencia científica, el cumplimiento de la ley y el respeto a los derechos de las comunidades.

Las autoridades destacaron que la protección ambiental no concluye con la emisión de una autorización, sino que requiere vigilancia permanente, monitoreo continuo y participación social para garantizar que las medidas establecidas produzcan los resultados previstos y contribuyan a la conservación de la Bahía de Ohuira.