Culiacán, Sinaloa.- La diputada Paola Gárate cuestionó la actuación de las autoridades electorales frente a lo que consideró actos que afectan la imparcialidad y equidad del proceso electoral, y pidió fortalecer la coordinación en materia de seguridad de cara a las elecciones de 2027.

Los señalamientos fueron realizados durante una reunión ejecutiva de trabajo con la Comisión de Igualdad del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES), convocada por el colectivo 50+1 Sinaloa, con el objetivo de impulsar acciones para garantizar la igualdad sustantiva y una participación política libre de violencia durante el proceso electoral 2026-2027.

Gárate afirmó que existen actividades como pinta de bardas, asambleas informativas y acarreos que, a su juicio, deberían ser atendidas por la autoridad electoral.

“No necesitamos ser abogados electorales para no ver la pinta de bardas, asambleas informativas, acarreos y otras acciones, sin que la autoridad electoral actúe”, señaló.

La legisladora sostuvo que, aunque la legislación establece disposiciones en materia de equidad, paridad y violencia política, considera que hacen falta mecanismos efectivos para hacer cumplir las normas y sancionar conductas irregulares.

También pidió al IEES establecer coordinación con las instituciones responsables de la seguridad, particularmente con la Fiscalía General del Estado, ante los riesgos que puedan enfrentar quienes participen en las contiendas electorales.

“Hay que ponerle fecha para propiciar entre todas y todos que se haga una real coordinación y no se sientan ustedes con toda la responsabilidad”, expresó.

Gárate habla de amenazas y medidas de protección

Durante la reunión, Paola Gárate también relató experiencias personales relacionadas con hechos de violencia y amenazas que, según ha denunciado públicamente, ha enfrentado en los últimos años.

Entre los acontecimientos mencionados por la legisladora se encuentran el secuestro que sufrió durante el proceso electoral de 2021, un robo violento de vehículo en 2025 y la colocación de una corona fúnebre en su domicilio.

Sobre este último hecho, existen antecedentes públicos de que un juez federal ordenó medidas de protección para Gárate y su familia en junio de 2026, después de que la legisladora denunciara la colocación de la corona fúnebre en su domicilio.

Posteriormente, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal solicitó judicialmente que el esquema de protección fuera retirado y que la seguridad de la diputada quedara a cargo de autoridades estatales. La controversia jurídica se mantenía en septiembre, de acuerdo con información publicada entonces.

Gárate afirmó durante la reunión que actualmente enfrenta un litigio relacionado con la protección federal que recibió mediante un amparo.

“Ejercí mi derecho a denunciar y aquí (IEES) me dijeron que no, que no había lugar para esa denuncia”, manifestó.

La diputada sostuvo que su experiencia personal debe ser considerada dentro de la discusión sobre las condiciones de seguridad y participación política de las mujeres rumbo al proceso electoral 2026-2027.

La reunión tuvo como eje la búsqueda de mecanismos para fortalecer la igualdad sustantiva y prevenir situaciones de violencia que puedan afectar la participación de las mujeres en la próxima contienda electoral.