La diputada local del PRI Paola Gárate Valenzuela exigió este jueves 12 de noviembre a la gobernadora Graciela Domínguez Nava un cambio de rumbo en la política de seguridad, al presentar ante el pleno del Congreso del Estado, en Culiacán, un posicionamiento sobre la crisis de violencia en Sinaloa y, en particular, en Mazatlán, según un comunicado difundido ese día.

La legisladora sostuvo que mantener la estrategia actual no ha bastado para devolver la tranquilidad a las familias, y pidió a la mandataria asumir plenamente su responsabilidad y dejar atrás las inercias heredadas de la administración de Rubén Rocha Moya. A su juicio, la gravedad de los hechos ocurridos en Mazatlán en las últimas semanas muestra el tamaño de la crisis de inseguridad en el estado.

Gárate cuestionó que la respuesta oficial siga centrada en anunciar despliegues federales, como el arribo de cuatro mil elementos adicionales de la Guardia Nacional, en lugar de una estrategia integral para recuperar el territorio, investigar a las estructuras criminales y prevenir delitos. El lunes 9 de noviembre, el gabinete de seguridad federal anunció que la Guardia Nacional reforzará la seguridad en Mazatlán.

“La seguridad no se resuelve contando uniformes. Se resuelve con inteligencia, coordinación, investigación, policías capaces y autoridades que asuman decisiones”, sostuvo.

Homicidios en Mazatlán y motines en El Castillo

La diputada señaló que octubre terminó con 112 personas asesinadas en el municipio de Mazatlán. Entre ellas contó a 12 que murieron en las balaceras y motines registrados dentro del centro penitenciario El Castillo, incluido un niño de 2 años. Reprochó que hasta ahora nadie haya explicado cómo entraron las armas a un penal que está bajo custodia del gobierno estatal.

Advirtió que los efectos de la violencia van más allá de la seguridad pública, porque golpean la actividad económica, la confianza, el turismo y la vida diaria en Mazatlán y el sur de Sinaloa. En 2025, el gobierno estatal había destacado que el turismo en Mazatlán alcanzó cifras récord.

Para Gárate, el relevo en el Poder Ejecutivo estatal debe traducirse también en otra forma de enfrentar la inseguridad. Dijo que la gobernadora tiene la oportunidad y la obligación de corregir los errores del sexenio anterior, en vez de limitarse a administrar la crisis o de cargar toda la responsabilidad a la Federación.

“Sinaloa tiene prisa de paz. Mazatlán tiene hambre de justicia, a continuidad de una estrategia fallida no puede seguir pagándose con vidas. Gobernadora Graciela Domínguez: rompa con la inercia, recupere la autoridad y dé resultados”, puntualizó la legisladora.

Las cuatro exigencias de la diputada

La priista planteó cuatro medidas para modificar la política de seguridad en el estado:

1. Inteligencia policial estatal. Un sistema coordinado con las fuerzas federales, pero con capacidades propias de investigación, análisis y prevención del delito.
2. Estrategia para Mazatlán. Un plan específico para el municipio, con objetivos medibles, responsables identificados y rendición pública de resultados.
3. Intervención en los penales. Una revisión integral de los centros penitenciarios de Sinaloa que incluya cambios de mandos, controles de ingreso, decomiso de armas, combate a la corrupción y recuperación del control institucional.
4. Responsabilidad del gobierno estatal. Que la administración asuma sus obligaciones constitucionales e institucionales en seguridad, pues coordinarse con la Federación no implica renunciar a ellas.

Gárate afirmó que la crisis ya no admite explicaciones ni justificaciones por la falta de resultados, porque la población exige respuestas que devuelvan la tranquilidad a sus municipios. Agregó que el Congreso del Estado no puede quedarse como espectador, ya que le corresponde representar a la ciudadanía y pedir cuentas a quienes deben garantizar la seguridad.