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La diputada señaló que los hechos violentos registrados en Aguaruto y El Castillo dejaron al menos 20 personas fallecidas entre mayo y octubre; pidió esclarecer posibles fallas de seguridad y determinar responsabilidades.
Culiacán, Sinaloa.- La diputada local Paola Gárate Valenzuela exigió investigar cómo ingresaron armas de fuego a los centros penitenciarios de Aguaruto, en Culiacán, y El Castillo, en Mazatlán, donde, de acuerdo con las cifras expuestas por la legisladora, al menos 20 personas murieron en hechos violentos entre mayo y octubre de este año.
Durante su intervención en tribuna del Congreso del Estado, la legisladora del PRI cuestionó que, pese a los operativos y decomisos anunciados después de los enfrentamientos, no se hayan presentado explicaciones públicas concluyentes sobre la forma en que el armamento llegó a las cárceles y las posibles responsabilidades por las fallas de seguridad.
“Los fusiles no tienen alas, las armas de alto poder no atraviesan solas los controles de seguridad; alguien está fallando, alguien está permitiendo que suceda”, expresó.
Gárate Valenzuela sostuvo que las investigaciones deben esclarecer qué controles fallaron y determinar si hubo participación u omisiones de servidores públicos. También planteó que el Congreso solicite las comparecencias necesarias para conocer el estado de los centros penitenciarios y las medidas adoptadas para evitar nuevos hechos violentos.
La diputada señaló que ocho internos fueron asesinados en el penal de Aguaruto entre mayo y julio. Además, indicó que los enfrentamientos ocurridos el 8 y 9 de octubre en El Castillo, en Mazatlán, dejaron otras 12 personas fallecidas.
Entre las víctimas de estos últimos hechos, mencionó a un niño de dos años que se encontraba de visita con su padre, quien está privado de la libertad.
La legisladora consideró que lo ocurrido evidencia la necesidad de investigar las condiciones de seguridad y evitar que los hechos se atiendan únicamente mediante nuevos operativos.
Como parte de sus argumentos, Gárate Valenzuela citó el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que, según expuso, asignó a Sinaloa una calificación de 5.02 puntos.
De acuerdo con los datos mencionados por la diputada, el centro penitenciario El Castillo obtuvo 5.25 puntos y Goros II, en Los Mochis, registró 4.79. También señaló deficiencias relacionadas con la seguridad y custodia, la capacitación del personal, la prevención de hechos violentos y la presencia de actividades ilícitas.
Ante estos resultados, cuestionó qué medidas se han implementado para atender las observaciones y evitar el ingreso de armas a los centros penitenciarios.
Sobre el anuncio de construir un nuevo centro penitenciario en Sinaloa, la diputada sostuvo que mejorar la infraestructura no resolverá por sí solo los problemas de vigilancia, administración y posibles actos de corrupción.
“Nadie se opone a mejorar la infraestructura penitenciaria; cuestionamos que pretendan presentarla como la gran solución mientras dejan pendientes los problemas que provocaron esta tragedia”, manifestó.
Gárate Valenzuela insistió en que se deben esclarecer las causas de los enfrentamientos, deslindar responsabilidades y establecer medidas para prevenir nuevas tragedias.
Los señalamientos sobre las fallas de seguridad y las posibles responsabilidades corresponden al posicionamiento de la legisladora. Para completar la información, resulta pertinente incorporar la respuesta de las autoridades penitenciarias y los avances oficiales de las investigaciones.
