Culiacán, Sinaloa.- La diputada Paola Gárate llamó al Congreso de Sinaloa a aprobar la Ley de Resiliencia Económica y Recuperación Territorial del Estado, una iniciativa que busca establecer mecanismos institucionales para atender las afectaciones económicas provocadas por la violencia y los fenómenos naturales.

Durante su participación ante el pleno, la legisladora sostuvo que la entidad enfrenta una pérdida de empresas, empleos y oportunidades de desarrollo, por lo que consideró necesario sustituir los apoyos discrecionales por mecanismos organizados, con recursos establecidos en los presupuestos gubernamentales.

Entre los principales planteamientos de la iniciativa se encuentra la creación de zonas de recuperación económica, mediante las cuales se identificarían los territorios y actividades productivas con mayores afectaciones. Esto permitiría elaborar diagnósticos y establecer programas específicos con responsables y plazos definidos.

La propuesta también contempla estímulos fiscales diferenciados para empresas que permanecieron abiertas durante la crisis, negocios que buscan reactivar sus operaciones y nuevas inversiones que contribuyan a recuperar empleos. Asimismo, plantea mecanismos de coordinación entre empresarios, productores y autoridades municipales y estatales.

Como parte de los argumentos para respaldar la iniciativa, Gárate citó cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI. Según los datos que presentó, entre junio de 2024 y junio de 2026 las actividades agropecuarias, forestales, de caza y pesca registraron una pérdida de 7 mil puestos de trabajo; el sector secundario, de 21 mil, y el comercio y los servicios, de 35 mil.

La diputada también señaló que 10 mil personas más recurrieron al trabajo por cuenta propia, mientras que disminuyó en 79 mil el número de personas que laboran más de 35 horas semanales y aumentó en 17 mil el de quienes trabajan menos de 15 horas.

Gárate consideró que estas cifras reflejan no solo la pérdida de empleos, sino también dificultades para mantener los ingresos familiares y las operaciones de los negocios.

La legisladora recordó que presentó la iniciativa hace un año y cuestionó que las respuestas institucionales ante la situación económica se concentren en reuniones y mesas de trabajo sin resultados suficientes, según su valoración.

“Ya basta de confundir la atención de una crisis con la administración de reuniones”, expresó al reiterar su llamado a que la propuesta avance en el Congreso estatal.