Culiacán, Sinaloa.- Una comisión ciudadana acudió este viernes al Congreso del Estado de Sinaloa para ratificar la denuncia de juicio político presentada contra el gobernador Rubén Rocha Moya, quien actualmente se encuentra con licencia temporal.

Los ciudadanos Jorge Antonio Peralta González, Rosio Rojo Rosas, Karla de Lourdes Montero Alatorre y Helga Misandra Reyes Carrizales, en representación de los firmantes y de la diputada Paola Gárate, fueron recibidos por la secretaria general del Congreso del Estado, Conzuelo Gutiérrez.

Durante el encuentro, la funcionaria explicó que la Secretaría General remitirá el expediente a la Mesa Directiva para revisar que cumpla con los requisitos correspondientes y posteriormente turnarlo a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, donde se realizará el análisis del caso.

La denuncia solicita la destitución de Rocha Moya y plantea presuntas responsabilidades políticas relacionadas con diversos señalamientos que, de acuerdo con el documento, habrían afectado la confianza ciudadana en las instituciones, la procuración de justicia, la libertad electoral y la cooperación entre autoridades.

Entre los elementos incorporados al expediente se encuentran referencias a una acusación presentada en Estados Unidos contra integrantes de una organización criminal y señalamientos relacionados con una presunta protección institucional a una facción del Cártel de Sinaloa.

El documento también retoma alegaciones atribuidas a autoridades estadounidenses respecto de supuestos encuentros durante la campaña electoral de 2021 entre el entonces candidato y personas identificadas como integrantes de Los Chapitos.

De acuerdo con la denuncia, estos elementos deben ser analizados en el ámbito de la responsabilidad política, independientemente de cualquier procedimiento penal, con el propósito de determinar si existen conductas que pudieran haber afectado los intereses públicos fundamentales y el buen despacho del Poder Ejecutivo.

Los denunciantes sostienen que, en caso de acreditarse el uso de recursos o capacidades estatales en beneficio de una organización criminal, se habría desvirtuado la finalidad constitucional de las instituciones encargadas de la seguridad pública.

Con la ratificación realizada este viernes, el expediente continuará su trámite ante el Congreso del Estado, donde deberá seguir las distintas etapas del procedimiento legislativo correspondiente.