Culiacán, Sinaloa.- Durante su Conferencia Semanera, el gobernador Rubén Rocha Moya reveló que aún no se ha requerido el pago de alrededor de mil 600 millones de pesos, derivados de dos auditorías realizadas por la administración estatal anterior. La Suprema Corte de Justicia de la Nación aún no ha emitido una sentencia al respecto, por lo que su gobierno permanecerá a la espera del engrose de dicho requerimiento fiscal.

Al ser cuestionado por los medios, el mandatario estatal abordó este tema, previamente discutido en conferencias pasadas, donde se anticipaba que el SAT realizaría el cobro para marzo. Sin embargo, hasta el momento, esto no se ha concretado debido a la ausencia de una sentencia judicial.

"No hemos actuado al respecto; lo haremos cuando el SAT nos solicite. ¿Y cuándo nos contactará? Cuando la Corte emita el engrose hacia el SAT. Son dos casos que suman en total mil 600 millones de pesos. Estamos en espera de esa llamada para poder atenderla. Deberá haber alguna propuesta: pagar la totalidad, o bien, pagar solo una parte, ya que las dos deudas tienen naturalezas distintas", expresó.

El gobernador explicó que la deuda principal asciende a mil 100 millones de pesos, originada por un crédito fiscal que se pagó con cierto retraso, pero se cubrió el costo financiero de esa demora. Este crédito quedó registrado como pagado ante el SAT y los recursos fueron distribuidos entre los estados.

Por otro lado, el director del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa (SATES), Ismael Bello Esquivel, señaló que en este caso, debido a observaciones registradas durante una auditoría, el SAT requiere que el estado devuelva los recursos recibidos a la Federación.

En cuanto al segundo juicio, que implica una cantidad menor, el SAT también solicita al estado que reintegre los recursos distribuidos, ya que se determinó como inválida la auditoría realizada por el SATES durante la administración anterior a la empresa auditada.

En conclusión, el gobernador Rocha mencionó que están a la espera de la resolución y una posibilidad es que el SAT descuente la parte correspondiente al estado en el reparto de los créditos entre las 32 entidades.