Culiacán, Sinaloa.- La diputada local del PRI, Paola Gárate Valenzuela, exigió al Congreso del Estado dar curso legal a la solicitud de juicio político que presentó hace más de dos meses contra Rubén Rocha Moya, al considerar que los señalamientos sobre su administración requieren una respuesta institucional.

En conferencia de prensa, la legisladora llamó a las y los diputados a ejercer el papel de contrapeso del Poder Legislativo y atender la solicitud sin proteger intereses partidistas. Sostuvo que el juicio político representa, desde su perspectiva, una exigencia de justicia y no una consigna política.

Gárate Valenzuela mencionó presuntos actos de corrupción, contratos opacos, triangulación de recursos públicos y posibles vínculos con la delincuencia organizada entre los señalamientos que, afirmó, deben esclarecerse. También hizo referencia a acusaciones presentadas por autoridades estadounidenses contra Rocha Moya y funcionarios de su administración.

En materia de obra pública y manejo de recursos, la diputada señaló observaciones atribuidas a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), entre ellas contratos con una empresa constructora vinculada con familiares de un funcionario, depósitos superiores a los montos de las obras contratadas y transferencias a particulares.

Asimismo, afirmó que existen al menos 76 obras cuyos contratos no fueron publicados y citó una revisión de Iniciativa Sinaloa que identificó deficiencias de transparencia en contrataciones por aproximadamente 2 mil 634.5 millones de pesos. También cuestionó un contrato de cómputo por 45.9 millones de pesos y pidió transparentar los recursos destinados a obras adjudicadas directamente.

La legisladora priista sostuvo que estos señalamientos deben investigarse y que el Congreso estatal debe dar seguimiento a la solicitud de juicio político. También criticó a Morena por, según dijo, cerrar filas en torno a sus funcionarios en lugar de responder a las exigencias ciudadanas.

Finalmente, relacionó los presuntos actos de corrupción y las complicidades que denunció con las afectaciones económicas y la inseguridad que, afirmó, enfrentan las familias sinaloenses. Reiteró que continuará exigiendo que el Poder Legislativo lleve el procedimiento hasta sus últimas consecuencias.