Culiacán, Sinaloa.- La diputada Paola Gárate Valenzuela exigió al Congreso del Estado dar curso legal inmediato a la solicitud de juicio político contra Rubén Rocha Moya y sostuvo que la licencia del exmandatario no elimina las posibles responsabilidades políticas derivadas de las decisiones tomadas durante su administración.

Desde la tribuna legislativa, la legisladora del PRI afirmó que el Poder Legislativo debe analizar la solicitud conforme a sus atribuciones constitucionales y asumir una postura mediante el voto de sus integrantes.

Gárate Valenzuela consideró que el procedimiento debe continuar hasta sus últimas consecuencias y planteó la inhabilitación de Rocha Moya como una de las posibles sanciones que, a su juicio, deben examinarse conforme a la ley.

Durante su intervención, la diputada expuso diversos cuestionamientos sobre el desempeño de la administración estatal, entre ellos los relacionados con presuntos actos de corrupción, seguridad pública, contratación de servicios y manejo de recursos públicos.

Como parte de sus argumentos, citó la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2025 del INEGI y señaló que el 88.6 por ciento de la población adulta de Sinaloa considera frecuentes o muy frecuentes los actos de corrupción en la entidad.

También hizo referencia a señalamientos de autoridades estadounidenses sobre presuntos vínculos entre Rocha Moya, funcionarios de su administración y estructuras delictivas, además de cuestionar la respuesta gubernamental ante la situación de inseguridad en el estado.

En materia de recursos públicos, pidió revisar contratos del Sistema DIF, particularmente uno superior a 356 millones de pesos que, según sus señalamientos, fue otorgado a una empresa identificada como fantasma. También solicitó esclarecer las condiciones en que se acreditó la capacidad de dicha empresa para prestar los servicios contratados.

La legisladora agregó que Sinaloa perdió más de 24 mil empleos formales entre marzo de 2023 y marzo de 2026, cifra que relacionó con las consecuencias económicas de la inseguridad y la incertidumbre para las actividades productivas.

Asimismo, expresó su rechazo a la denominada “Ley Tapadera”, al considerar que las restricciones al acceso a la información pública representarían un retroceso en materia de transparencia y rendición de cuentas.

Gárate Valenzuela concluyó su intervención con un llamado a los integrantes del Congreso para que den trámite a la solicitud de juicio político y asuman públicamente su responsabilidad en el procedimiento.