Culiacán, Sinaloa.- La diputada priista Paola Gárate solicitó a la Auditoría Superior del Estado (ASE) realizar una revisión específica al gasto en servicios generales de 2025, al señalar un presunto sobreejercicio de 2 mil 159 millones de pesos.

El señalamiento fue realizado durante la comparecencia de la auditora superior del Estado, Emma Guadalupe Félix Rivera, ante el Pleno del Congreso de Sinaloa, con motivo de la revisión de los resultados de la fiscalización de las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2025.

Gárate también cuestionó una disminución de 4 mil 605 millones de pesos en el patrimonio estatal y señaló que durante 2025 Sinaloa recibió 8 mil 697 millones de pesos adicionales a lo presupuestado.

“Alguien tiene que responder por eso y usted tiene la facultad para exigirlo. Le pido que la ejerza”, manifestó la legisladora ante la titular de la ASE.

Entre los temas planteados por la diputada también estuvieron 459 millones de pesos ejercidos contra partidas autorizadas en cero y 4 mil 698 millones de pesos que, de acuerdo con lo informado durante la comparecencia, fueron destinados al Programa Emergente de Maíz con cargo a la cuenta pública de 2024.

La legisladora cuestionó que este último monto no haya sido aclarado suficientemente y señaló que el inventario actual de maíz tampoco permitiría explicar, a su consideración, el destino de los recursos.

Gárate pidió además que la ASE presente ante la Comisión de Fiscalización del Congreso un informe trimestral sobre el avance en la solventación de observaciones y recomendaciones derivadas de las auditorías.

La diputada sostuvo que la fiscalización debe incluir seguimiento a las observaciones y exigencia de resultados, y señaló que, de acuerdo con los datos que expuso, 288 de 306 recomendaciones correspondientes a auditorías de 2023 permanecen sin atender.

“Necesitamos saber qué ocurrió con esos recursos, cómo se aplicaron y por qué, hasta este momento, no existe una explicación suficiente y verificable”, afirmó.

La legisladora planteó que la fiscalización no debe limitarse a emitir observaciones, sino que debe dar seguimiento a su atención para contribuir a la protección de los recursos públicos.