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La solicitud contempla 16 hechos y plantea que el Poder Legislativo analice las posibles responsabilidades políticas del gobernador con licencia. Gárate también llamó a construir una transición institucional que permita recuperar la gobernabilidad, la seguridad y la confianza ciudadana.
Culiacán, Sinaloa.- La diputada priista Paola Gárate Valenzuela presentó ante el Congreso del Estado una denuncia de juicio político contra Rubén Rocha Moya, con la que busca su destitución como gobernador constitucional y la inhabilitación que corresponda conforme al marco legal.
La solicitud ocurre en medio del proceso político derivado de la nueva licencia solicitada por Rocha Moya y de la designación de Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina de Sinaloa. La petición presentada ante el Congreso contempla 16 hechos que los promoventes consideran deben ser analizados mediante un procedimiento de juicio político.
Gárate sostuvo que el Congreso tiene la responsabilidad de revisar las posibles responsabilidades políticas del mandatario con licencia y afirmó que la solicitud debe tramitarse de manera independiente de cualquier investigación penal.
“Esta acción tiene un propósito político e institucional muy concreto: impedir que Rubén Rocha vuelva a tomar el control del Gobierno de Sinaloa y devolverle certeza al estado”, afirmó.
La legisladora cuestionó que la licencia pueda mantener abierta la posibilidad de un nuevo regreso al Ejecutivo estatal y consideró que Sinaloa requiere una definición institucional que permita recuperar la gobernabilidad.
Gárate recordó que Rocha Moya permaneció 112 días separado del cargo, regresó a sus funciones el 21 de agosto y posteriormente volvió a solicitar licencia por tiempo indefinido.
La priista también cuestionó la posibilidad de que el cambio de titularidad del Ejecutivo represente únicamente una sustitución temporal sin una modificación en la conducción política del estado.
Gárate planteó que la persona encargada de conducir el Ejecutivo durante el resto del periodo constitucional debe contar, desde su perspectiva, con capacidad de gobierno, solvencia pública e independencia suficiente para atender los problemas de seguridad, economía y confianza institucional.
La legisladora sostuvo que la situación de seguridad debe ser uno de los principales asuntos de la nueva administración. De acuerdo con la ENSU correspondiente a junio de 2026, 90.8 por ciento de los habitantes de Culiacán consideró inseguro vivir en su ciudad, uno de los niveles más altos registrados entre las ciudades evaluadas.
Ante este escenario, Gárate llamó a establecer un diálogo con trabajadores, empresarios, agricultores, universidades, organizaciones sociales y colectivos de víctimas.
“No estamos hablando solamente de quién ocupa una silla. Estamos hablando de quién tendrá la responsabilidad de conducir a Sinaloa durante una de las etapas más difíciles de su historia reciente”, puntualizó.
Finalmente, la diputada priista pidió que el Congreso del Estado tramite la denuncia conforme a derecho y sostuvo que el procedimiento debe permitir determinar si existen responsabilidades políticas y, en su caso, las consecuencias correspondientes.
La solicitud presentada por Gárate se suma al proceso político que enfrenta Sinaloa tras la nueva licencia de Rocha Moya y la designación de Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina.
